El diputado provincial Mauricio Torres fue víctima de un escrache en su domicilio de San Carlos, Mendoza, luego de votar a favor de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge. El episodio, ocurrido el viernes posterior a la votación legislativa, involucró a unos 50 manifestantes que se congregaron frente a la vivienda del legislador, quien no se encontraba en el lugar. En el interior de la casa estaban su esposa y su hija, quienes, según relataron, se refugiaron en el baño y apagaron las luces por temor a la situación.

El hecho generó un inmediato repudio institucional. El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, expresó públicamente su rechazo a la manifestación, calificándola de violenta y asegurando que su gestión será garante de la paz social en el departamento. "No me van a encontrar en esos grupos violentos. Yo voy a ser garante del orden de la paz social en San Carlos", afirmó Morillas, quien además reiteró su postura contraria a la minería en la región y su defensa de la Ley 7722.

Por su parte, el diputado Torres denunció haber recibido amenazas previas y cuestionó la intolerancia hacia quienes sostienen opiniones diferentes. "Ellos tienen garantizada la posibilidad de manifestarse donde quieran, de marchar incluso, pero no en mi vivienda", declaró el legislador, quien también señaló que evalúa realizar una denuncia judicial por el escrache sufrido.

La justicia contravencional de San Carlos, a cargo del juez Leandro Passerini, inició una causa de oficio por el hecho, basándose en el artículo 55 del Código Contravencional de Mendoza, que sanciona los actos turbatorios y desórdenes en lugares públicos o expuestos al público. Se investigará la posible aplicación de multas o arrestos de corta duración a los responsables, una vez identificados.

El escrache a Torres se enmarca en un clima de creciente tensión social tras la aprobación del proyecto minero San Jorge, que ha reavivado el debate sobre la minería y la protección ambiental en Mendoza. La Ley 7722, que regula el uso de sustancias químicas en la minería, sigue siendo un punto de referencia para quienes se oponen a la actividad extractiva en la provincia. El caso pone en discusión los límites de la protesta social y la necesidad de preservar la convivencia democrática, según destacaron autoridades y actores involucrados.