El 1 de agosto de 2024, Fernando Albareda, exmilitante de derechos humanos e hijo de un policía desaparecido durante la última dictadura militar, confesó el asesinato de su madre, Susana Montoya, en la ciudad de Córdoba. El hecho, que sacudió a la sociedad argentina, se produjo tras una intensa discusión familiar por la distribución de una indemnización estatal de 76 millones de pesos, otorgada como reparación histórica por la desaparición de Ricardo Albareda, padre de Fernando.

Según el propio testimonio de Albareda, la disputa se originó cuando su madre decidió no destinar parte del dinero a los hijos de Fernando, como había prometido, y optó por beneficiar a su otro hijo. "Me estaba volviendo a fallar", relató Albareda desde la cárcel de Bouwer, donde permanece detenido desde agosto de 2024. En un acto de violencia, la atacó en el patio de su casa, la ahorcó con una soga, la golpeó y la apuñaló. Posteriormente, intentó simular una escena de amenaza política escribiendo un mensaje en la pared con lápiz labial.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo combinado con asfixia mecánica. La investigación, liderada por el fiscal Juan Pablo Klinger, concluyó que el móvil principal fue la codicia y que el crimen fue premeditado, por lo que la causa fue elevada a juicio bajo la figura de homicidio agravado por vínculo, alevosía y codicia, lo que podría significar prisión perpetua para el acusado.

La defensa de Albareda, por su parte, denunció irregularidades en el proceso judicial y solicitó la reapertura de la instrucción, argumentando parcialidad del fiscal y la necesidad de incorporar nuevos peritajes psicológicos y psiquiátricos. Además, buscan cambiar la calificación legal del hecho y apartar al fiscal de la causa.

El trasfondo del caso revela una historia familiar marcada por el trauma: Albareda acusa a su madre de haber colaborado en la desaparición de su padre y relata una infancia signada por abusos y violencia. "No sé si estoy arrepentido. Sigo metido en esa noche", declaró Albareda, quien también pidió disculpas a las organizaciones de derechos humanos que lo acompañaron durante años.

El caso, que aún espera fecha de juicio oral, expone las profundas heridas que la dictadura dejó en muchas familias argentinas y plantea interrogantes sobre la reparación, la justicia y la memoria.