El Senado de la Nación aprobó en la madrugada del jueves la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El convenio, firmado entre el Ejecutivo nacional y el gobierno porteño, prevé la transferencia de competencias y recursos para que CABA administre de forma autónoma las causas laborales originadas en su territorio.

La media sanción fue obtenida tras intensas negociaciones y maniobras políticas, con la inclusión del traspaso como anexo en el proyecto de reforma laboral. El acuerdo, que ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados y la Legislatura porteña, es presentado por el oficialismo como un paso clave para saldar la deuda histórica de la autonomía porteña, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.

Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo en el ámbito judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional calificó el traspaso como un "avasallamiento" y declaró el estado de alerta, mientras que la Unión de Empleados Judiciales convocó a paros y movilizaciones. Los jueces advierten que la transferencia pone en riesgo la independencia judicial y la protección de los derechos laborales, y temen una "disolución" del fuero laboral nacional.

El convenio establece que los expedientes previos a la sanción seguirán en la justicia nacional, mientras que los nuevos casos pasarán a la justicia porteña. La implementación será progresiva, con un plazo de 180 días para completar la transferencia de recursos y competencias. Desde el gobierno porteño, se destaca que la medida permitirá una justicia más ágil y cercana, y que responde a fallos recientes de la Corte Suprema que avalan la autonomía judicial de la Ciudad.

El debate sobre el traspaso se da en paralelo a la discusión de la reforma laboral, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad y modernizar el mercado de trabajo. Sin embargo, sectores opositores y gremiales advierten sobre posibles presentaciones judiciales y riesgos de inconstitucionalidad. El futuro del convenio dependerá ahora del tratamiento en Diputados y la Legislatura porteña, en un contexto de alta tensión política e institucional.