José Ottavis, exdiputado nacional y referente de La Cámpora, se encuentra en el centro de una investigación judicial por el presunto desvío de más de $11.000 millones destinados a obras de urbanización en Monte Caseros, Corrientes. La ONG Amarte Argentina, fundada por Ottavis y su esposa Celia Itatí Brítez, recibió millonarios fondos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante la gestión de Alberto Fernández, pero las obras comprometidas quedaron inconclusas o nunca se realizaron.

Según denuncias de excolaboradores y beneficiarios, la organización no solo incumplió con la construcción de viviendas, pavimentación y centros comunitarios, sino que también ejercía presiones religiosas y políticas sobre las personas en situación de vulnerabilidad. "Si no rezabas, no te daban la bolsa de comida", relató Celia Fabiana Brítez, sobrina de la esposa de Ottavis y exintegrante de la ONG. Además, se exigía la afiliación al Partido Justicialista como condición para recibir ayuda social.

Las investigaciones revelan la existencia de cooperativas fantasma y la falsificación de documentos para justificar el uso de fondos. Vecinos afectados denunciaron que las viviendas entregadas estaban incompletas o en condiciones inhabitables, y que los materiales prometidos nunca llegaron. "Esta ONG supuestamente hacía obras, pero no se concretó ninguna a pesar de los millones que recibieron", afirmó uno de los denunciantes.

El escándalo se agrava por la ostentosa vida de Ottavis y su esposa, quienes residen en una mansión valuada en cerca de un millón de dólares, presuntamente financiada con fondos públicos. La justicia investiga a Ottavis, Brítez y otros allegados por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y enriquecimiento ilícito.

Desde Amarte Argentina, se responsabiliza al gobierno actual por la paralización de las obras, aunque no se han podido justificar los fondos ya recibidos. El caso ha generado un fuerte impacto mediático y político, afectando la imagen del peronismo en la región y sumándose a otros episodios de presunta corrupción en la gestión de fondos sociales en Argentina. La investigación continúa y se esperan definiciones judiciales en los próximos meses.