Tiziano Palacios Arriondo, un joven de 21 años oriundo de Córdoba, fue detenido y procesado con prisión preventiva por la venta ilegal de recetas médicas, utilizando información robada de la base de datos del PAMI. Según la investigación judicial, Palacios Arriondo habría adquirido los datos en la dark web tras el ciberataque sufrido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a mediados de 2023, un hecho atribuido al grupo de hackers Rhysida.

El hacker, conocido en Telegram como @Duk0ssj, habría falsificado recetas médicas utilizando datos de afiliados y profesionales médicos, facilitando la obtención de psicotrópicos y otras drogas como Xanax, Valium y Clonazepam. Los pagos se realizaban mediante criptomonedas o transferencias bancarias, y en algunos casos, los fondos eran canalizados a través de cuentas de familiares. La Justicia también investigó la posible participación de los padres del joven, aunque ambos fueron sobreseídos por la insignificancia de los montos involucrados.

El caso ha reabierto la investigación sobre el ciberataque al PAMI, que había sido archivada en dos oportunidades por falta de pruebas y dificultades técnicas en la preservación de la evidencia digital. Las autoridades del PAMI consideran que la detención de Palacios Arriondo podría aportar información clave para identificar a los responsables del hackeo, especialmente al grupo Rhysida, que ofreció la base de datos robada por 25 Bitcoins en la dark web.

El PAMI, bajo la dirección de Esteban Leguizamo, ha solicitado la intervención de Europol e Interpol para avanzar en la investigación internacional y esclarecer posibles complicidades internas durante la gestión anterior. Sin embargo, las fuerzas de seguridad argentinas advierten que rastrear el origen del ataque resulta "prácticamente imposible" debido a la falta de preservación de la evidencia digital tras la restauración de los sistemas.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de organismos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de ciberseguridad, así como la cooperación internacional para combatir el delito informático.