La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, enfrenta una serie de denuncias judiciales que la vinculan con presunto financiamiento electoral proveniente de actividades relacionadas con el narcotráfico. El eje de la investigación gira en torno a la empresa Lácteos Vidal, propiedad de la familia Bada Vázquez, y al empresario Fred Machado, actualmente detenido y extraditado a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y narcotráfico.

Según documentos judiciales radicados en Texas, Estados Unidos, se registraron transferencias de dinero entre cuentas asociadas a Fred Machado y miembros de la familia Bada Vázquez. En el mismo expediente, Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal, aparece como aportante en la campaña presidencial de Bullrich en 2023, según registros oficiales de la Cámara Nacional Electoral. Sin embargo, tanto Bullrich como Bada Vázquez han negado enfáticamente cualquier vínculo con Machado o aportes de la empresa a campañas políticas. "Total y absolutamente falso", declaró Bullrich ante las acusaciones, mientras que Bada Vázquez publicó un video en redes sociales afirmando: "No conozco a Fred Machado y Lácteos Vidal nunca aportó para la campaña de Bullrich ni de ningún otro candidato".

Las denuncias fueron presentadas en la Justicia Federal de San Isidro, la Justicia electoral y el Fuero Federal, con pedidos de investigación sobre el origen de los fondos y la posible existencia de un entramado de lavado de dinero y financiamiento político. El sindicato Atilra, que mantiene un prolongado conflicto con Lácteos Vidal por cuestiones laborales, también denunció transferencias millonarias y solicitó frenar maniobras societarias que podrían facilitar el lavado de activos.

El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la influencia del narcotráfico en la política argentina, especialmente tras el escándalo que involucró al ex candidato José Luis Espert, señalado por recibir fondos de origen ilícito. Lácteos Vidal, por su parte, ha sido parte del debate público sobre bloqueos sindicales y condiciones laborales, y su titular ha denunciado una campaña mediática en su contra.

Mientras la Justicia avanza en la investigación, las partes involucradas mantienen sus posiciones: Bullrich y Lácteos Vidal rechazan cualquier vinculación con actividades ilícitas, mientras que el sindicato y otros actores insisten en la necesidad de esclarecer el origen de los fondos. El desenlace del caso podría tener implicancias significativas para el debate sobre transparencia y financiamiento político en Argentina.