La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa una de sus mayores crisis institucionales tras el pedido de detención de su presidente, Claudio Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, por presunto lavado de activos y asociación ilícita agravada. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, presentó la solicitud ante la Justicia, argumentando la existencia de una compleja red de maniobras ilícitas que involucran empresas, bienes y operaciones financieras vinculadas a los máximos dirigentes de la entidad.

Según el dictamen fiscal, la investigación, que ya acumula más de 10.000 fojas, detalla cómo se habrían utilizado sociedades y testaferros para adquirir propiedades y vehículos de alto valor, entre ellos una mansión en Pilar valuada en millones de dólares y 54 automóviles y motocicletas. Parte de estos bienes estarían a nombre de familiares y allegados a Toviggino, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada para desviar fondos y ocultar su origen.

El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, debe decidir sobre el pedido de detención, pero su continuidad en la causa está en duda debido a una recusación presentada por el fiscal Simón, quien argumenta vínculos familiares entre el magistrado y los acusados. La resolución de este conflicto procesal está en manos de la Cámara Federal de Tucumán, lo que podría demorar la definición del caso.

La causa también incluye la inhibición general de bienes y pedidos de allanamiento sobre propiedades y empresas relacionadas con los dirigentes. El alcance de la investigación trasciende Santiago del Estero, involucrando activos en otras provincias y una extensa lista de imputados, aunque solo Tapia y Toviggino enfrentan pedidos de detención.

El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y mediático, con críticas de exfuncionarios y abogados sobre la falta de interés del Gobierno Nacional en profundizar la investigación. A pesar de la gravedad de las acusaciones, no se han registrado medidas de fuerza en el fútbol argentino, aunque la posibilidad de una intervención judicial sobre la AFA permanece latente. El desenlace de la causa dependerá de las próximas decisiones judiciales y podría marcar un antes y un después en la conducción del fútbol nacional.