La industria textil y de calzado argentina atraviesa una de las crisis más profundas de la última década, según datos oficiales y sectoriales relevados durante 2025. El fuerte aumento de las importaciones, que crecieron 54% en valor y 53,3% en volumen en bienes de consumo, impactó de lleno en el sector, especialmente en indumentaria y calzado, donde las compras externas aumentaron 97,3% y 25,2% respectivamente.

A pesar de este avance importador, más del 93% del consumo de indumentaria y calzado sigue siendo de origen nacional. Sin embargo, la participación local en el mercado cayó a su nivel más bajo en diez años, y la producción textil se desplomó entre 25% y 47% interanual, con una utilización de la capacidad instalada en mínimos históricos del 29%. “No se vende ni producción nacional ni importada porque los ingresos no alcanzan”, advierte un informe de la Fundación Pro Tejer.

El impacto laboral es severo: entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron más de 18.000 empleos registrados en el sector y cerraron 558 establecimientos, según datos del SIPA y la Fundación Pro Tejer. La informalidad laboral alcanza el 72% en confecciones, lo que sugiere que la pérdida de empleo total podría ser aún mayor.

El debate sobre los precios de la ropa se reavivó tras declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien justificó la apertura comercial asegurando que “nunca” compró ropa en Argentina por considerarla cara. Sin embargo, los datos muestran que los precios de la ropa subieron menos que la inflación general: 15,3% interanual en 2025 frente a una inflación general de 259,4%. El costo industrial representa menos del 10% del precio final, mientras que los impuestos y otros costos explican cerca del 50%.

La apertura comercial incluyó la reducción de aranceles y controles aduaneros, lo que facilitó el ingreso de productos importados, especialmente desde Asia. Empresarios y analistas advierten que la crisis es multifactorial, combinando presión fiscal, caída del consumo, informalidad y competencia externa. “El riesgo no es solo sectorial: implica una pérdida de capacidades productivas que luego resulta muy difícil de revertir”, alertó Priscilla Makari, directora ejecutiva de Pro Tejer.

El Gobierno sostiene que la apertura ayuda a contener la inflación, pero los industriales temen una desindustrialización y mayor desempleo. El futuro del sector dependerá de la evolución del consumo interno, la política comercial y la capacidad de adaptación de la industria nacional.