La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la condena a la Provincia de Buenos Aires por la desaparición de una motocicleta secuestrada en un control de tránsito y perdida bajo custodia policial. El caso, que involucra a un vecino de la ciudad, se inició en abril de 2018 cuando la policía provincial incautó una Honda NF100 Wave tras una infracción vial y la trasladó a un depósito dependiente del área de Vialidad.

Tras cumplir con los requisitos administrativos y abonar la multa, el propietario obtuvo en mayo de 2019 una orden judicial para retirar el vehículo. Sin embargo, al presentarse en el depósito, la motocicleta no pudo ser localizada, lo que motivó una denuncia y el inicio de actuaciones judiciales. La investigación penal no logró determinar el destino del rodado durante el período en que permaneció bajo guarda estatal.

El expediente judicial determinó que el Estado, en su carácter de depositario del bien secuestrado, tenía la obligación de garantizar su conservación y restitución en condiciones similares a las de su incautación. La falta de explicaciones sobre el destino del vehículo y la ausencia de medidas adecuadas de resguardo fueron consideradas una falta de servicio. Durante el proceso se produjeron pericias contables y psicológicas. La valuación estableció el valor del rodado en $132.000, mientras que el informe psicológico acreditó afectaciones vinculadas a ansiedad e impotencia generadas por la pérdida del bien.

El fallo reconoció el derecho del damnificado a percibir una indemnización por daño material, equivalente al valor actualizado de la motocicleta al momento de la liquidación, y un adicional del 20% en concepto de daño moral. También se impusieron las costas del proceso a la Provincia de Buenos Aires. La sentencia remarcó que, si bien el secuestro del vehículo fue considerado legítimo en el marco del control de tránsito, la desaparición posterior configura una responsabilidad autónoma del Estado por incumplir el deber de custodia.

Este caso sienta un precedente relevante sobre la responsabilidad estatal en la custodia de bienes incautados y refuerza la obligación de las autoridades de garantizar la devolución de los objetos en condiciones adecuadas. El fallo podría influir en futuros reclamos similares y destaca la importancia de la protección de la propiedad privada bajo control estatal.