La Municipalidad de Concordia atraviesa una fuerte crisis laboral tras la decisión del intendente Francisco Azcué de no renovar 130 contratos de empleados municipales, medida que impactó especialmente en la Central de Tránsito y otras áreas sensibles. La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores, quienes al presentarse a sus puestos el 5 de enero descubrieron que sus accesos al sistema habían sido bloqueados y no figuraban en los registros de asistencia. “No hemos sido notificados de nada hasta el momento”, relató uno de los empleados afectados.

Entre los cesanteados se encuentran al menos 15 inspectores de Tránsito, muchos de ellos con entre cinco y diez años de antigüedad. La falta de personal derivó en demoras y cierre parcial de servicios, como la entrega de licencias de conducir y la educación vial. Los trabajadores, junto a delegados gremiales, resolvieron iniciar asambleas y medidas de fuerza, exigiendo explicaciones y la intervención de los sindicatos.

La abogada y ex diputada nacional María de los Ángeles Petit, representante legal de varios empleados, denunció que la medida no responde a criterios de eficiencia ni transparencia, sino a una estrategia política para generar vacantes y "pagar apoyos políticos" de cara a futuras elecciones. Petit también criticó la falta de notificación formal y el bloqueo de accesos a sistemas municipales, calificando la situación como "absolutamente irregular".

Desde el Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia (STEMC) y la Unión de Obreros y Empleados Municipales (UOEMC) repudiaron el ajuste, advirtiendo sobre el impacto social y económico en las familias afectadas y en el circuito comercial local. El secretario general del STEMC, Avallone, cuestionó la postura del Ejecutivo y reclamó mayor sensibilidad social: “Hay que gobernar para todos. La campaña ya terminó”.

El conflicto, que se enmarca en un contexto nacional de recortes y discursos de transparencia, amenaza con prolongarse ante la falta de respuestas oficiales. Los trabajadores anticipan acciones legales y movilizaciones hasta obtener una solución, mientras la ciudad enfrenta la reducción de servicios municipales y la incertidumbre sobre el futuro laboral de decenas de familias.