La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra ante una decisión crucial que podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia argentina sobre violencia de género. El tribunal debe resolver si confirma la condena por femicidio contra Andrés Di Césare, responsable del asesinato de Julieta González, ocurrido en Luján de Cuyo, Mendoza, en septiembre de 2016.

Julieta González, de 21 años, desapareció el 21 de septiembre de 2016 y su cuerpo fue hallado una semana después, con signos de golpes y estrangulamiento. La investigación apuntó rápidamente a Di Césare, hijo de un empresario local, como principal sospechoso. Entre las pruebas más contundentes se encontraron rastros de sangre de la víctima en el vehículo del acusado y ADN de Di Césare bajo las uñas de Julieta, lo que indicaba un intento de defensa durante el ataque. Además, se hallaron búsquedas en el celular del imputado relacionadas con la eliminación de cuerpos.

En 2019, el tribunal de primera instancia condenó a Di Césare a 18 años de prisión por homicidio simple, descartando la figura de femicidio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó el fallo y, en 2021, lo condenó a prisión perpetua por femicidio, argumentando que no era necesario acreditar una relación de pareja o violencia sistemática previa para aplicar la figura agravada. Esta decisión fue ratificada por otro tribunal de la misma corte provincial.

La defensa de Di Césare sostiene que no existió un contexto de violencia de género ni una relación afectiva con la víctima, argumentos que ya fueron rechazados en instancias provinciales. Ahora, la Corte Suprema nacional debe decidir si mantiene la interpretación de la justicia mendocina o si revierte la condena y la reduce a homicidio simple. La expectativa es tal que el máximo tribunal convocó a conjueces ante la posibilidad de un fallo dividido.

Organizaciones feministas y familiares de víctimas han manifestado su preocupación ante la posibilidad de un fallo regresivo. "Sería un antecedente peligrosísimo para todas las mujeres", advirtió Gabriela Perrotta, abogada de La Colectiva Mendoza. El caso se da en un contexto de creciente debate sobre la figura del femicidio y la perspectiva de género en la justicia argentina, especialmente tras la irrupción del movimiento Ni Una Menos en 2015 y una serie de femicidios que conmocionaron Mendoza en 2016.

La resolución de la Corte Suprema podría sentar jurisprudencia para futuros casos de violencia de género en el país, con implicancias directas en la protección de los derechos de las mujeres y en la interpretación de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado argentino.