El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por autorizar, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el ingreso de tropas estadounidenses para la realización de ejercicios militares en territorio argentino. La denuncia, presentada por el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria), también involucra a varios funcionarios de alto rango, entre ellos el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Defensa Carlos Presti, el canciller Pablo Quirno y el exsecretario de Comunicación Javier Lanari.

Según la presentación judicial, más de 350 militares estadounidenses participaron durante 42 días en los ejercicios denominados "Daga Atlántica" y "PASSEX", que se desarrollaron en bases de Buenos Aires y Córdoba, e incluyeron la presencia del portaaviones USS Nimitz. Marino sostiene que la autorización de estas actividades mediante un DNU viola el artículo 75 de la Constitución Nacional, que reserva al Congreso la potestad de permitir el ingreso de tropas extranjeras, y la Ley 25.880, que prohíbe otorgar esa autorización por decreto.

La denuncia fue sorteada y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini. El legislador solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.

El caso generó un intenso debate político. Sectores de la oposición acusan al gobierno de Milei de subordinación militar a Estados Unidos y de alineamiento con la política exterior de Donald Trump e Israel, en un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente. Desde el oficialismo, en cambio, se defiende la cooperación militar como parte de la modernización de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos.

La controversia se traslada ahora a la Justicia y al Congreso, donde se discute la legalidad y conveniencia de la medida, así como su impacto en la soberanía nacional y la política de defensa. El desenlace del caso podría sentar un precedente sobre los límites del Poder Ejecutivo en materia de defensa y relaciones internacionales.