Argentina se prepara para un cambio histórico en sus elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, con la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP). El Estado, a través del Correo Argentino, asumió la responsabilidad de imprimir y distribuir las boletas, dejando atrás el sistema en el que los partidos políticos gestionaban sus propias papeletas. Este nuevo mecanismo busca mejorar la transparencia, eficiencia y equidad en el proceso electoral.

La licitación para la impresión de las boletas fue adjudicada a cinco empresas, entre las que destacan la unión transitoria Boldt-Ipesa y Artes Gráficas del Litoral, vinculada al Grupo Clarín. Boldt-Ipesa se encargará de imprimir el 34-36% de las boletas, cubriendo distritos clave como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y parte de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Artes Gráficas del Litoral tendrá a su cargo el 26-27% de la producción, principalmente en Buenos Aires y otras provincias. El resto del trabajo se repartió entre Su Papel, Kollor Press y DP Argentina, cubriendo el total de 44-55 millones de boletas necesarias para todo el país.

El presupuesto destinado a la impresión asciende a $40.000 millones, una cifra inferior a la de las elecciones de 2023, cuando el gasto fue mayor debido a la realización de tres instancias electorales. El nuevo sistema de boleta única reúne todas las opciones electorales en una sola página, diferenciadas por colores y categorías, lo que facilita la elección y el control por parte de las autoridades y los votantes. El escrutinio será manual y la fiscalización se centrará en el conteo de votos, eliminando la necesidad de reponer boletas en el cuarto oscuro.

La licitación se realizó de manera privada, lo que permitió agilizar el proceso pero generó cuestionamientos sobre la transparencia en comparación con los procedimientos públicos tradicionales. Para garantizar la seguridad y trazabilidad de las boletas, el Gobierno mantuvo reuniones con la Cámara Nacional Electoral y jueces federales de todo el país, reforzando la coordinación institucional.

El cambio responde a la sanción de la Ley 27.781 en 2024, que introdujo la BUP como instrumento de votación en elecciones nacionales. Periodistas y analistas han destacado el fin de prácticas irregulares y el ahorro económico que supone el nuevo sistema, aunque advierten sobre desafíos logísticos y de accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad visual y adultos mayores. Las autoridades consideran que la implementación de la boleta única representa un avance democrático y un logro de todo el sistema político argentino, más allá de la gestión gubernamental actual.

De cara a la jornada electoral, se espera que el nuevo formato contribuya a fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso, sentando las bases para futuras mejoras en la representación y el control ciudadano.