El suicidio de Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años que prestaba servicios en la Quinta de Olivos, reveló la existencia de una sofisticada red de extorsión digital que operaba desde cárceles bonaerenses. La investigación judicial, encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, determinó que Gómez fue víctima de una banda que utilizaba aplicaciones de citas para captar y extorsionar a sus víctimas.

Según los datos recabados, la maniobra comenzaba con la creación de perfiles falsos en apps como Evermatch. Los extorsionadores simulaban ser mujeres interesadas en entablar una relación, y tras ganar la confianza de la víctima, la amenazaban con denuncias judiciales por supuestos contactos con menores de edad. Para evitar consecuencias legales, exigían transferencias de dinero, que en el caso de Gómez sumaron cerca de $1.400.000.

La presión psicológica y económica fue constante. Gómez recibió audios intimidatorios y llamadas insistentes, incluso después de realizar los pagos. En su carta de despedida, el joven mencionó la app de citas y la imposibilidad de resolver la situación, lo que resultó clave para el avance de la causa.

La investigación permitió identificar y detener a siete integrantes de la banda, incluidos reclusos que coordinaban las maniobras desde los penales de Magdalena y Olmos, y mujeres que actuaban como intermediarias financieras. El caso puso en evidencia las fallas en los controles penitenciarios y la facilidad con la que los internos acceden a celulares para cometer delitos.

El padre de Gómez, Juan Carlos, responsabilizó al gobierno bonaerense por permitir el uso de celulares en cárceles y criticó la falta de respuesta de las autoridades provinciales. En contraste, el presidente Javier Milei se comunicó con la familia para expresar su apoyo y pedir celeridad en la investigación.

El caso de Rodrigo Gómez refleja el crecimiento de las extorsiones digitales en Argentina y la vulnerabilidad de los usuarios de aplicaciones de citas frente a redes criminales. Las autoridades nacionales destacaron la importancia de desarticular estas bandas y reforzar los controles en penales, mientras expertos recomiendan precaución y denuncia ante cualquier intento de extorsión. La familia de Gómez advierte que el peligro persiste y llama a otros padres a dialogar con sus hijos sobre los riesgos de las estafas virtuales.