La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció la convocatoria a un paro nacional de 24 horas, sin movilizaciones, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La medida se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados debata la iniciativa, aunque la fecha exacta aún depende del calendario parlamentario y podría concretarse el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero.

El paro fue definido por el Consejo Directivo de la CGT tras conocerse la intención del oficialismo de avanzar con el tratamiento de la reforma. "Están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general", afirmó Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la central obrera. La convocatoria será formalizada en conferencia de prensa y contará con la adhesión de sindicatos clave del transporte, como la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), lo que augura una paralización casi total de colectivos, trenes y vuelos en todo el país.

El proyecto de reforma laboral propone reducir indemnizaciones, permitir pagos en especies, extender la jornada laboral a 12 horas y limitar el derecho a huelga. El Ejecutivo sostiene que estos cambios ayudarán a reducir la informalidad, que supera el 40% del mercado laboral argentino, y a crear empleo al disminuir la carga impositiva sobre los empleadores. Sin embargo, los sindicatos consideran que la reforma es "regresiva" y "anticonstitucional".

El impacto del paro se sentirá especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los principales centros urbanos, con una reducción marcada de la actividad laboral y comercial. El nivel de acatamiento en bancos, escuelas y organismos públicos dependerá de cada jurisdicción. "Va a demostrar el descontento no solamente con este proyecto de ley, sino con el rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en Argentina", expresó Jerónimo.

El debate parlamentario se desarrolla en sesiones extraordinarias, y el gobierno busca promulgar la ley antes del inicio del período ordinario del Congreso, el 1 de marzo. El paro nacional se presenta como una muestra de rechazo sindical y social a la reforma y al rumbo político actual, en un contexto de alta informalidad laboral y tensiones entre el Ejecutivo y los gremios.