La reforma a la Ley de Glaciares en Argentina desató una inédita movilización ciudadana, con más de 30 mil personas inscriptas para participar en las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados. El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, impulsa cambios que otorgarían a las provincias mayor control sobre la protección de glaciares y ambientes periglaciares, una medida que ha generado fuertes críticas de la oposición y organizaciones ambientales.

Las audiencias, previstas para el 25 y 26 de marzo, buscan cumplir con el Acuerdo de Escazú y la Constitución Nacional, que garantizan la participación ciudadana en temas ambientales. Sin embargo, la masiva inscripción ha llevado al oficialismo a proponer que la mayoría de los expositores participen por escrito o mediante videos, limitando la presencia física en el Congreso. Esta decisión ha sido cuestionada por legisladores opositores, quienes exigen ampliar las jornadas para asegurar una participación real y efectiva.

El proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, permitiría a las provincias definir qué glaciares y ambientes periglaciares proteger, e incluso excluir algunos del Inventario Nacional de Glaciares. Según Andrea Burucua, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, "se rompe la lógica del inventario nacional al permitir que cada provincia pueda excluir del mismo aquellos glaciares o ambientes periglaciales que consideren". Esta postura es compartida por numerosos legisladores y expertos, que advierten sobre el riesgo de retrocesos en la protección ambiental y la fragmentación de criterios científicos.

Desde el oficialismo, se argumenta que la reforma busca proteger el recurso hídrico y dar autonomía a las provincias, aunque se asegura que no se permitirá interrumpir cursos de agua. No obstante, la oposición sostiene que la ley vigente es una política de Estado con alta legitimidad democrática y que su modificación podría tener consecuencias negativas tanto ambientales como económicas.

El debate se da en un contexto de creciente presión internacional y social por la protección de los recursos naturales, y mientras empresas mineras y funcionarios promueven inversiones en el sector. La definición final de la reforma dependerá del resultado de las audiencias y del voto en Diputados, en un clima de alta tensión y movilización social.