Empresarios de Bahía Blanca denunciaron públicamente a la empresa Megsa Intercon Especializada por una presunta estafa que supera los 2.000 millones de pesos, en el marco de la ampliación de la planta petrolera de Oiltanking en Puerto Rosales. Según relataron los afectados, Megsa fue contratada para proveer bienes y servicios en la obra, pero a los pocos meses de iniciados los trabajos comenzaron los retrasos en los pagos a proveedores locales.

Dante Lange, titular de la empresa de transporte Vía 51, explicó que la deuda con su firma asciende a 150 millones de pesos y que la situación se repite con otros proveedores de rubros como transporte, bulonería, cemento, estructuras, higiene y pintura. "Nos contrataron para llevar el personal a Puerto Rosales hace unos dos años. En septiembre pasado empezamos a tener retrasos y nos ofrecieron pagar con cheques diferidos, los cuales vinieron todos rechazados. En ese período se siguió agrandando el monto de la deuda hasta que decidimos levantar el servicio y es el día de hoy que no tenemos ninguna respuesta", afirmó Lange en declaraciones radiales.

La empresa Megsa, constituida a fines de 2023 con un capital inicial de 500.000 pesos y directores aparentemente extranjeros, fue la encargada de subcontratar a los proveedores locales. Sin embargo, los empresarios aseguran que la firma dejó de responder a sus reclamos y que los cheques emitidos fueron rechazados sistemáticamente. Oiltanking, por su parte, rescindió el contrato con Megsa a fines de 2025, pero muchos proveedores quedaron en situación de falencia económica.

Ezequiel Roth, de la firma Impermax, relató que su empresa también fue perjudicada: "En julio terminamos nuestro trabajo y nos emitieron un echeq, pero vino rebotado. Tuvimos una pérdida financiera y también fiscal, porque emitimos la factura. Aparte de pagarle igual las quincenas a la gente".

Ante la falta de respuestas, los empresarios afectados han iniciado acciones legales contra Megsa y, subsidiariamente, contra Oiltanking. Además, buscan conformar una red de proveedores para llevar el caso a la Justicia y reclamar colectivamente. La situación ha generado preocupación en el sector empresarial local, que advierte sobre el impacto económico y fiscal de estos incumplimientos. El caso también pone en foco la necesidad de mayores controles sobre las empresas contratistas en grandes obras de infraestructura.