La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha iniciado una auditoría masiva sobre las pensiones no contributivas por discapacidad en Argentina, revelando un sistema plagado de irregularidades y fraudes. Según los datos preliminares, más del 40% de los casos auditados presentan inconsistencias, lo que podría representar un desvío de fondos de hasta 3.400 millones de dólares.

El operativo, que abarca a más de 1,2 millones de beneficiarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD), ha expuesto casos alarmantes. En Buenos Aires, una mujer intentó suplantar a su esposo fallecido para seguir cobrando su pensión. En Chaco, más del 66% de los beneficiarios cobraban de manera irregular. Además, se detectaron patrones de fraude que incluyen el uso de radiografías falsas, diagnósticos inexistentes y beneficiarios fallecidos que seguían cobrando.

El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, ordenó que los beneficiarios se presenten personalmente para validar su situación. Este requisito permitió identificar a 331 prófugos de la justicia, de los cuales 14 fueron detenidos. Uno de ellos tenía ocho causas penales activas. También se descubrió que algunos beneficiarios obtuvieron pensiones en tiempo récord, incluso en casos donde las auditorías médicas fueron desfavorables.

El gobierno de Javier Milei ha señalado que estas irregularidades son un reflejo de la corrupción de administraciones anteriores. "El desvío de fondos destinado a pensiones no contributivas por discapacidad fue del 40% sobre el monto anual", afirmó un vocero oficial. La auditoría también ha revelado complicidad entre médicos, funcionarios y organizaciones intermedias para falsificar certificados y facilitar el acceso indebido a las pensiones.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha solicitado medidas para garantizar que los beneficiarios legítimos puedan cumplir con los requisitos de la auditoría. Entre las dificultades reportadas se encuentran problemas logísticos, como la falta de acceso a medios electrónicos y la saturación de los sistemas de salud.

Hasta el momento, se han enviado 470.000 cartas documento para validar datos, pero más de 221.000 no pudieron ser entregadas debido a errores en las direcciones. Además, se identificaron 928 beneficiarios fallecidos que seguían cobrando y 100 personas que renunciaron al beneficio tras recibir la citación.

El proceso de auditoría continúa, con más entrevistas médicas y verificaciones programadas. Mientras tanto, la justicia avanza en las investigaciones penales, que podrían derivar en sanciones significativas para los responsables de las irregularidades. Este esfuerzo busca garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, marcando un punto de inflexión en la administración de las pensiones no contributivas en Argentina.