El sistema científico argentino atraviesa una de sus mayores crisis tras la decisión del gobierno nacional de anular las convocatorias de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) correspondientes a 2022 y 2023. Esta medida, comunicada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), implica la cancelación de cerca de 1.500 proyectos anuales y la reorientación del financiamiento estatal exclusivamente hacia áreas de ciencia aplicada con vínculos obligatorios al sector privado, como minería, agroindustria y salud.

La comunidad científica y universitaria reaccionó con preocupación y repudio. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA aprobó una declaración en rechazo a la anulación del financiamiento y convocó a una marcha al Polo Científico Tecnológico en Palermo. "El Estado deja de invertir en ciencia básica, que es el motor y la base necesaria para poder desarrollar luego ciencia aplicada", expresó Clara Giachetti, becaria posdoctoral del CONICET-CENPAT. Damián Pérez, investigador del mismo organismo, advirtió: "Esto no solo afecta a quienes hoy trabajan en ciencia, sino que en el largo plazo va a afectar a toda la sociedad".

El nuevo esquema de financiamiento exige la asociación directa con empresas privadas, lo que deja fuera a cerca del 85-90% de los investigadores, especialmente en disciplinas sin aplicación comercial inmediata. Además, se denuncian congelamiento salarial, despidos y falta de continuidad laboral para becarios y equipos de investigación. El financiamiento internacional, proveniente de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, tampoco se ejecutó, generando incertidumbre sobre el destino de esos fondos.

La situación se agrava con denuncias de censura y persecución a trabajadores del CONICET que protestan contra el ajuste. En noviembre, en el CENPAT de Puerto Madryn, empleados fueron sumariados tras manifestarse, y en Mendoza se retiró un informe técnico crítico sobre un proyecto minero, reemplazándolo por otro alineado con intereses gubernamentales y empresariales.

Expertos advierten que Argentina se encamina a ser el único país latinoamericano sin inversión pública en ciencia básica en 2026, con una inversión en I+D que cayó al 0,17% del PBI. La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología calificó la medida como una "sentencia de muerte para el 90% de la ciencia argentina". El recorte se inscribe en un contexto más amplio de desfinanciamiento del sector público y pérdida de derechos laborales, generando movilizaciones y llamados a defender la ciencia pública como parte de una lucha más amplia por la educación y el desarrollo nacional.