El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una de sus crisis más profundas en los últimos años. Desde el inicio de la semana, la reducción de frecuencias de colectivos y la amenaza de paro por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) han complicado la movilidad de millones de usuarios, quienes enfrentan largas esperas y unidades repletas en horarios pico.

El conflicto tiene su origen en una combinación de factores: el aumento del precio del gasoil, la caída de la demanda y, principalmente, el atraso en el pago de subsidios tanto por parte del gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires. Según datos de las cámaras empresarias, la Nación adeuda $58.400 millones y la Provincia $90.700 millones, cifras que han puesto en jaque la operatividad de las empresas.

El miércoles, el gobierno nacional transfirió un anticipo de subsidios, lo que permitió a algunas empresas abonar salarios atrasados y evitar la retención de tareas. Sin embargo, la UTA advirtió que en aquellas empresas donde no se complete el pago de haberes, se mantendrá la medida de fuerza. "En la empresa que paga el sueldo, se trabaja; en la que no, se va al paro", señalaron desde el gremio.

La Secretaría de Transporte, por su parte, anunció la aplicación de multas a las líneas que reduzcan frecuencias y advirtió que la reiteración de incumplimientos podría derivar en la caducidad de los permisos de explotación. Mientras tanto, las empresas sostienen que la reducción de servicios no responde a una medida gremial, sino a la imposibilidad de cubrir los costos operativos ante la brecha entre el precio real del gasoil y el valor reconocido oficialmente.

El sistema de colectivos del AMBA es deficitario: el boleto cubre solo el 65% del costo operativo, el resto depende de subsidios estatales. En el último año, la demanda cayó un 12% y el parque automotor perdió 3.000 unidades, agravando la situación de los usuarios.

En este contexto, el gobierno nacional y las cámaras empresarias acordaron conformar mesas de trabajo técnicas para buscar soluciones estructurales. La próxima reunión está prevista para el martes, con la expectativa de avanzar en propuestas concretas que permitan garantizar un servicio eficiente y de calidad. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y los usuarios siguen padeciendo las consecuencias de un sistema en crisis.