Un devastador incendio destruyó el pasado 16 de julio un depósito de electrodomésticos ubicado en Diagonal 77 y 48, en pleno centro de La Plata, provocando el derrumbe parcial del edificio y obligando a la evacuación de decenas de vecinos. Según los peritajes preliminares, el fuego se habría iniciado por un cortocircuito en una oficina de la planta baja, descartándose por el momento la hipótesis de intencionalidad.

El depósito, operado por la firma Al Tecno S.A. y propiedad de Roxana Aloise, funcionaba sin habilitación municipal ni seguro, a pesar de estar clausurado desde el 25 de junio. Las pérdidas materiales superan el millón y medio de dólares, afectando no solo a la empresa sino también a viviendas, vehículos y el tendido eléctrico de la zona. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos, aunque el impacto en la comunidad ha sido profundo.

La estructura del edificio permanece vallada y con acceso restringido debido al riesgo de derrumbe, mientras se evalúa la posibilidad de una demolición controlada. Muchos vecinos continúan evacuados, alojados en hoteles o en casas de familiares, y solo pueden ingresar a sus hogares por breves lapsos y bajo estricta supervisión de bomberos y Defensa Civil. "No se puede respirar ahí adentro, es terrible", relató uno de los damnificados, reflejando la incertidumbre y el malestar generalizado.

En el plano judicial, la causa avanza bajo la carátula de "incendio y otros estragos", con Roxana Aloise como única imputada hasta el momento. La investigación, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, también analiza posibles responsabilidades civiles, lo que podría derivar en embargos sobre el patrimonio familiar de los Aloise. El abogado de la sucesión familiar advirtió que la falta de seguro y habilitación agrava la situación legal de la empresa y sus responsables.

El caso ha puesto en evidencia la falta de controles municipales y la vulnerabilidad de los vecinos ante siniestros de esta magnitud. Mientras tanto, la comunidad intenta recuperar la normalidad, aunque el miedo y la incertidumbre persisten. Las autoridades continúan con los peritajes y la asistencia a los afectados, mientras se espera una resolución judicial que defina las responsabilidades y las reparaciones correspondientes.