El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, ha introducido modificaciones sustanciales en la ley que regula los derechos de las personas en situación de calle. A través del Decreto 373/2025, publicado el 2 de junio, se redefine el alcance de la Ley N° 27.654, delegando responsabilidades a las provincias y municipios y limitando la intervención directa del Estado Nacional.

La nueva normativa establece que el Estado Nacional actuará como órgano rector, encargado de fijar pautas generales y asistir técnica o financieramente en casos donde las capacidades locales sean insuficientes. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, será la autoridad de aplicación, con la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos.

El decreto también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener todos los programas preexistentes sin permitir su revisión o modificación. Según el Gobierno, esta disposición limitaba la capacidad de rediseñar políticas y asignar recursos de manera eficiente. Ahora, cada jurisdicción podrá adaptar sus estrategias de intervención según sus recursos y necesidades específicas, siempre respetando los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

La medida se toma en un contexto crítico, marcado por el inicio del invierno y las bajas temperaturas que agravan la situación de vulnerabilidad de las personas en situación de calle. Mientras el Gobierno defiende la reforma como un paso hacia un federalismo más eficiente, algunos sectores han expresado críticas, señalando que la reducción de la intervención estatal podría dejar desprotegidos a los más vulnerables.

En declaraciones oficiales, el Gobierno destacó que la reforma busca garantizar una respuesta más efectiva y equitativa frente a la emergencia social. Sin embargo, la implementación de la medida genera debate sobre su capacidad para atender las necesidades urgentes de quienes viven en la calle.

En definitiva, el Decreto 373/2025 marca un cambio de enfoque en las políticas de asistencia, promoviendo la descentralización y la autonomía de las provincias y municipios, pero también plantea interrogantes sobre su impacto en la protección de los derechos básicos en un contexto de creciente vulnerabilidad.