El Gobierno nacional oficializó la "Marca País Argentina" como Emblema de Estado, reforzando su protección jurídica y simbólica tanto a nivel nacional como internacional. La medida, establecida mediante el Decreto 899/2025 y publicada en el Boletín Oficial, sustituye el anexo del Decreto 460/2021 y consolida el isologotipo como un signo distintivo oficial del país.

La decisión apunta a fortalecer la protección legal de la Marca País, equiparándola a otros símbolos nacionales como la bandera y el escudo, bajo los alcances del artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Esto implica una protección similar a la de los emblemas oficiales del Estado, reforzando las barreras frente a usos indebidos o imitaciones en el exterior.

El anexo aprobado detalla el manual de estilos y usos de la Marca País Argentina, incluyendo aplicaciones, colores institucionales y tipografías autorizadas. La gestión técnica, administrativa y operativa de la marca continuará bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que mantiene la facultad de dictar normas complementarias para su correcta implementación.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, entrará en vigencia el 20 de diciembre de 2025. Según los considerandos oficiales, la medida responde a la necesidad de consolidar una imagen nacional sólida, coherente y reconocible globalmente, entendiendo a la Marca País como un instrumento estratégico para el posicionamiento competitivo de Argentina en los mercados extranjeros.

La Marca País Argentina fue concebida como una política de Estado interdisciplinaria y multisectorial, orientada a la promoción de exportaciones, turismo, talento nacional, captación de inversiones y difusión de la cultura argentina. Su reconocimiento como emblema oficial eleva su jerarquía jurídica y respaldo institucional, lo que puede generar repercusiones positivas en sectores vinculados al comercio exterior, la industria cultural y la atracción de inversiones. El fortalecimiento de su protección legal también apunta a evitar la dilución del signo y a garantizar un uso consistente, alineado con los objetivos de política pública definidos por el Estado nacional.