La crisis sanitaria desatada por la muerte de al menos 96 personas debido al consumo de fentanilo contaminado ha puesto en jaque al sistema de salud y a la política argentina. El medicamento, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, fue distribuido en hospitales y clínicas de todo el país, generando alarma y una investigación judicial de gran magnitud.

El ministro de Salud, Mario Lugones, calificó el hecho como "un atentado a la gente" y denunció que Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, mantiene vínculos con sectores políticos. "Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política. Si no, explíquenme cómo creció tanto en tan poco tiempo", declaró Lugones, quien ordenó sumarios internos en ANMAT e INAME para determinar responsabilidades. El ministro aseguró que, de encontrarse personas comprometidas, serán apartadas inmediatamente.

La causa judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, mantiene a 24 sospechosos con prohibición de salida del país y ha trabado la inhibición general de bienes de los presuntos responsables. El Instituto Malbrán realiza pericias para esclarecer cómo se produjo la contaminación del fentanilo, mientras la Justicia asegura que ya no hay ampollas contaminadas en circulación.

La tragedia ha generado una crisis política, con el gobierno de Javier Milei intentando vincular el caso al kirchnerismo y la oposición señalando la reducción de controles sanitarios bajo la actual gestión. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, responsabilizó a la ANMAT por las muertes y defendió la desregulación de los organismos de control, lo que provocó tensiones internas en el gabinete y críticas de diversos sectores.

En medio de la campaña electoral, la Casa Rosada convocó una cumbre urgente para abordar la crisis y evitar que afecte la performance oficialista. El juez Kreplak pidió públicamente que no se politice la causa y recordó la obligación constitucional de no interferir en la investigación penal en curso.

Periodistas y familiares de las víctimas exigen justicia y advierten sobre la precarización del sistema de salud y la falta de prevención estatal. El caso del fentanilo contaminado se ha convertido en la peor tragedia sanitaria nacional desde la pandemia de COVID-19, y sus consecuencias políticas y sociales continúan desarrollándose.