El Senado de la Nación Argentina otorgó media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, en una sesión marcada por intensos debates y negociaciones políticas. La iniciativa, que propone modificar trece leyes, derogar nueve y alterar más de cincuenta artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, representa una de las transformaciones más profundas del régimen laboral argentino en décadas.

Entre los principales cambios se destacan la creación del banco de horas, la instauración de un Fondo de Asistencia Laboral, la reducción de salarios durante licencias por accidente o enfermedad, y la modificación del cálculo de indemnizaciones por despido sin causa. Además, la reforma excluye explícitamente a los trabajadores de plataformas digitales y de casas particulares del régimen de protección laboral, lo que ha generado fuertes críticas de sectores sindicales y especialistas en derecho laboral.

La media sanción fue alcanzada tras intensas negociaciones en el Senado, donde el oficialismo, con apenas 20 bancas propias, debió recurrir a alianzas y maniobras políticas para asegurar los votos necesarios. Según trascendidos, la aprobación de la reforma es vista como una condición clave para avanzar en acuerdos internacionales, como el tratado comercial con Estados Unidos.

Organizaciones gremiales y sociales han manifestado su rechazo, advirtiendo sobre la pérdida de derechos y la debilitación de la protección sindical. "La reforma avanza a contramano de lo conquistado por el pueblo trabajador en los últimos 81 años", señaló una abogada laboralista consultada. Por su parte, el oficialismo sostiene que la modernización del régimen laboral es indispensable para dinamizar la economía y atraer inversiones.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, anticipó que la judicialización de la reforma podría extenderse durante años, especialmente por posibles violaciones al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza derechos fundamentales a los trabajadores. En este contexto, se prevé que el debate continúe tanto en el ámbito judicial como en las calles, con nuevas movilizaciones y recursos legales en camino.