El empresario Lázaro Báez fue trasladado este miércoles desde su prisión domiciliaria en El Calafate a la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos, tras la orden de detención inmediata emitida por el Tribunal Oral Federal 4. La medida responde a la condena de 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, que fue confirmada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución judicial, firmada por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, dispuso que Báez cumpla el resto de su condena en una cárcel común, rechazando el pedido de la defensa para que continúe bajo arresto domiciliario. El tribunal consideró que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen mantener la modalidad domiciliaria y que el tiempo de detención ya cumplido debe computarse de manera separada para cada causa.

Según el cómputo oficial, a Báez le restan más de seis años de prisión efectiva. El empresario había estado detenido en la cárcel de Ezeiza entre 2016 y 2019, y luego bajo arresto domiciliario por otra causa de lavado vinculada a la compra del campo El Entrevero en Uruguay. La defensa argumentó que ambos períodos debían unificarse, pero el tribunal rechazó este planteo.

El fallo también afecta a otros condenados en la causa, como el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, para quienes la Fiscalía solicitó la detención. En tanto, Martín Báez, hijo del empresario, podría acceder a la libertad condicional.

La causa “Ruta del dinero K” investigó el lavado de 55 millones de dólares provenientes de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La Corte Suprema también dejó firme la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, lo que refuerza el impacto político y judicial de estas decisiones.

La Fiscalía consideró la medida como un avance en la lucha contra la corrupción, mientras que la defensa de Báez anunció que apelará la decisión. El caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y social, con opiniones divididas sobre el alcance y las consecuencias de la sentencia.