A medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Iglesia Católica argentina emitió un comunicado en el que advierte sobre el avance del autoritarismo y la polarización social, al tiempo que reafirma su condena a la violencia dictatorial y llama a fortalecer la democracia. Bajo la consigna "Nunca más a la dictadura, siempre más a una democracia justa", la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) instó a la sociedad a mantener una memoria íntegra y luminosa de los hechos del pasado, evitando la mutilación de la historia y el olvido de las víctimas.

El documento, resultado de un proceso de debate interno, señala una "tendencia creciente al autoritarismo" y critica la "ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil", en contraposición al ideal democrático de protección de los más vulnerables. Los obispos alertaron sobre la degradación del tejido social y político, y advirtieron que la violencia física suele estar precedida por la violencia verbal, por lo que pidieron "desarmar el lenguaje" para evitar escaladas.

El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, remarcó en declaraciones a la prensa que "no se da vuelta una página como si nada hubiera pasado", y subrayó la necesidad de una memoria activa que permita aprender del pasado y proyectar un futuro más justo. Carrara también reconoció la autocrítica institucional de la Iglesia por su rol durante la dictadura, señalando que "faltó tal vez mayor audacia o mayor compromiso" y reiterando el pedido de perdón por ese período oscuro.

El mensaje de la Iglesia se produce en un contexto de debates sobre la narrativa de los años 70 y el papel de la institución durante la dictadura militar. Investigaciones recientes han revelado estrategias de la dictadura para contener a la Iglesia y evitar denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, lo que añade complejidad al análisis histórico.

Finalmente, la Iglesia llamó a fortalecer el diálogo democrático, rechazar la violencia en todas sus formas y utilizar los medios y la tecnología como herramientas para la unión y la esperanza. El comunicado fue interpretado como una advertencia tanto al gobierno actual como a la sociedad sobre los riesgos del autoritarismo y la exclusión, y como un llamado a construir una democracia más justa e inclusiva.