El Gobierno nacional dispuso un recorte del 50% en el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a la reconstrucción de Bahía Blanca, ciudad gravemente afectada por una inundación en marzo de 2025. La medida, oficializada mediante la Decisión Administrativa 23/25 y confirmada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, reduce el monto original de $200.000 millones a $100.000 millones.

La decisión fue firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y se conoció pocos días después del triunfo electoral de La Libertad Avanza en Bahía Blanca y la Sexta Sección Electoral. El recorte se suma al veto presidencial de una ley de ayuda aprobada por unanimidad en el Congreso, que contemplaba subsidios y obras de infraestructura para los damnificados.

El Gobierno justificó el recorte argumentando que las medidas ya adoptadas eran suficientes y que la situación fiscal del país no permitía mayores desembolsos. "Con las medidas adoptadas en ejecución de lo dispuesto por el Decreto N° 238/25 se ha llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como lo es el de la emergencia que se está transitando", señala el texto oficial.

La tragedia de marzo dejó una veintena de muertos y graves daños en la infraestructura de Bahía Blanca. Desde entonces, la ciudad ha luchado por recuperarse, mientras que sectores locales y la oposición han criticado la respuesta del Gobierno nacional, considerándola insuficiente frente a la magnitud del desastre. El recorte impacta directamente en los montos a repartir entre los damnificados y ha generado preocupación y malestar en la comunidad.

El contraste entre el respaldo electoral obtenido por el oficialismo y la reducción de la ayuda ha sido señalado por diversos actores políticos y sociales. Mientras tanto, la reconstrucción de Bahía Blanca continúa siendo un desafío pendiente, en medio de tensiones políticas y restricciones presupuestarias.