El Gobierno nacional oficializó la prórroga del régimen diferencial de contribuciones patronales para los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, extendiendo el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, dispuesta a través del Decreto 939/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca evitar un incremento significativo en los costos laborales de los colegios privados, que podría trasladarse a las cuotas que abonan las familias o afectar la prestación del servicio educativo.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Manuel Adorni, Diego Santilli y Luis Caputo, establece que los colegios privados comprendidos en las Leyes 13.047 y 24.049 continuarán aplicando las alícuotas reducidas de contribuciones patronales vigentes, en lugar de quedar alcanzados por el régimen general aplicable al resto de los empleadores privados. Según el texto oficial, "la aplicación plena del régimen general a partir de 2026 habría provocado un incremento desmesurado de las contribuciones patronales, especialmente en las provincias del interior, donde los beneficios vigentes difieren respecto del Área Metropolitana de Buenos Aires".

El Gobierno argumenta que el principal costo operativo de los establecimientos educativos privados es el salarial, dentro del cual las contribuciones patronales tienen un peso determinante. Además, advierte que la mayoría de los colegios privados recibe aporte estatal financiado por las provincias, y que un aumento de las contribuciones presionaría sobre los presupuestos provinciales, ya que esos aportes cubren no solo salarios docentes sino también las cargas patronales.

En los casos en que los establecimientos no reciben subsidio estatal, o lo hacen de manera parcial, el decreto alerta que el aumento de las contribuciones se trasladaría a los aranceles, afectando directamente a las familias y la prestación del servicio educativo, especialmente en las regiones más vulnerables. La decisión fue adoptada con informes técnicos favorables del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano, y deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.

La prórroga se inscribe en una serie de extensiones sucesivas que se vienen aplicando desde 2020, y es considerada por el Ejecutivo como una herramienta para preservar la continuidad y sostenibilidad del sistema educativo privado, que cumple un rol complementario dentro del sistema educativo nacional.