Una extensa audiencia pública celebrada en Tucumán marcó el inicio del proceso de revisión tarifaria integral para la energía eléctrica, en un contexto de creciente preocupación por la calidad del servicio y el impacto de la quita de subsidios nacionales. El encuentro, que se extendió por más de ocho horas y reunió a más de 200 participantes entre usuarios, autoridades, legisladores y representantes de la empresa distribuidora EDET, fue la primera instancia presencial de este tipo en más de una década.

El interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos (ERSEPT), José Ricardo Ascárate, aseguró que "los aumentos de la tarifa de luz no podrán ubicarse por encima de la inflación", llevando tranquilidad a los usuarios ante la inminente actualización de los cuadros tarifarios. La definición final se conocerá en febrero y el impacto en las facturas se sentirá a partir de marzo o abril.

Sin embargo, la audiencia estuvo marcada por fuertes reclamos de usuarios, organizaciones no gubernamentales y defensores del pueblo, quienes denunciaron deficiencias en la infraestructura eléctrica, especialmente en el interior provincial. "La gente no está discutiendo tanto el valor sino la calidad del servicio", expresó el Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos. Por su parte, la Defensora del Usuario, Silvia Elena López, pidió mantener la tarifa social y mayor claridad en las facturas.

EDET defendió su gestión, señalando inversiones superiores a $70.000 millones en los últimos cinco años y una reducción significativa en la cantidad y duración de los cortes, que actualmente se ubican por debajo de la media nacional. No obstante, el legislador José Seleme criticó el funcionamiento monopólico de la empresa y la falta de control estatal: "Antes de hablar de aumentos, hay que rendir cuentas. ¿Qué obras prometieron? ¿Cuáles hicieron? Si no cumplieron, no hay motivo para nuevas subas".

El proceso de revisión tarifaria, que se realiza cada cinco años, coincide con la eliminación de subsidios energéticos dispuesta por el Gobierno Nacional. Se estima que entre 40.000 y 60.000 usuarios tucumanos perderán el beneficio, lo que incrementará el costo de la energía para los hogares de mayores ingresos y reducirá el alcance de la tarifa social. La segmentación previa se eliminará, quedando solo dos categorías: hogares con y sin subsidio.

El debate dejó en evidencia la necesidad de mayor inversión, transparencia y control en el sector eléctrico, así como la urgencia de políticas que garanticen un servicio eficiente y accesible para todos los tucumanos. Las próximas semanas serán clave para definir el nuevo cuadro tarifario y el futuro del servicio eléctrico en la provincia.