El Gobierno nacional oficializó una ambiciosa reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), con el objetivo de convertirla en una fuerza de investigación criminal de alcance federal, inspirada en el modelo del FBI estadounidense y la policía brasileña. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, declara la emergencia en la institución por dos años y redefine su misión principal: prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales.

Entre los cambios más significativos se encuentra la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que asumirá la investigación de delitos complejos y el combate al crimen organizado. Además, la reforma otorga a la PFA nuevas facultades, como la posibilidad de realizar tareas de vigilancia en redes sociales y espacios digitales sin necesidad de autorización judicial, y la de efectuar detenciones y requisas personales sin orden judicial en casos debidamente justificados. "Estas tareas deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y privacidad de las personas", señala el texto oficial.

El Gobierno también impulsa un nuevo sistema de ingreso y formación para los agentes, orientado a graduados universitarios, y un esquema de evaluación de desempeño respaldado por tecnología. Se prevé, además, un aumento progresivo de efectivos en el interior del país, con el objetivo de descentralizar la fuerza, que actualmente concentra el 70% de sus agentes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

La reforma generó preocupación en sectores policiales y especialistas en seguridad, quienes consideran "excesivas" algunas de las nuevas facultades otorgadas a la PFA, especialmente en lo relativo a la vigilancia digital y las detenciones sin orden judicial. "Forma parte de algo que la ministra ya anunció: una nueva Policía Federal con facultades extraordinarias", señalaron fuentes de las fuerzas federales.

El Ejecutivo defiende la urgencia de la medida, argumentando que la PFA requiere modernización para enfrentar el avance del crimen organizado y la desinversión sufrida en los últimos años. La implementación de la reforma será supervisada por el Congreso a través de la Comisión Bicameral Permanente, y se anticipa un intenso debate público sobre el alcance y los límites de las nuevas atribuciones policiales.