La relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores de las provincias argentinas atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la gestión libertaria. En la última semana, el Senado aprobó una serie de leyes que incrementan el gasto previsional y distribuyen fondos a las provincias, desafiando el pilar central del programa económico de Milei: el déficit cero. Esta decisión legislativa, impulsada por una inédita unidad de los gobernadores, fue interpretada por el Gobierno como un intento de desestabilización, llevando al presidente a acusar a todos los mandatarios provinciales de buscar “destruir al Gobierno”.

La crisis política se profundizó con la ruptura pública entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien el presidente calificó de “traidora” tras presidir la sesión clave en el Senado. La tensión interna en el oficialismo se agravó con disputas entre Karina Milei, Santiago Caputo y los Menem, generando un clima de desconfianza y parálisis en la toma de decisiones. Renuncias, bloqueos y acusaciones cruzadas marcaron la semana, mientras la Casa Rosada suspendía el acto del 9 de Julio y Milei desafiaba a los gobernadores a esperar hasta diciembre para negociar.

En paralelo, la economía sintió el impacto de la crisis política: el dólar se disparó, la Bolsa cayó y los mercados internacionales expresaron su preocupación por la gobernabilidad. El acuerdo con el FMI y la estabilidad fiscal quedaron en entredicho, mientras los gobernadores denunciaban recortes, centralismo y falta de diálogo. La unidad de los mandatarios provinciales, que coordinaron acciones en el Congreso y el Consejo Federal de Inversiones, evidenció el aislamiento del Gobierno y la necesidad de reconstruir puentes institucionales.

El conflicto se da en la antesala del cierre de listas para las elecciones de octubre y en medio de negociaciones por alianzas en la provincia de Buenos Aires. Analistas coinciden en que la crisis obliga a repensar la estrategia de confrontación y a buscar acuerdos que permitan garantizar la gobernabilidad en el tramo final del mandato de Milei.