El enfrentamiento entre Mercado Libre y el gobierno de Santa Fe escaló en los últimos días tras la decisión de la empresa de aplicar cargos diferenciados a sus usuarios según la carga impositiva provincial. A partir del 8 de julio, tanto Mercado Libre como Mercado Pago ajustarán sus comisiones en función de las alícuotas de Ingresos Brutos que cada provincia impone sobre los servicios financieros. Esta medida implica aumentos en provincias como Santa Fe, Córdoba y Jujuy, y reducciones en otras como Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Río Negro.

La reacción del gobierno santafesino no se hizo esperar. El ministro de Economía, Pablo Olivares, acusó a la empresa de tomar represalias ante los reclamos provinciales para que refuerce los controles en la entrega de dispositivos de cobro Point, los cuales, según el funcionario, han sido hallados en allanamientos vinculados al narcotráfico. "Las fotos de los allanamientos en la provincia muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago", afirmó Olivares, quien además negó que la provincia haya incrementado la presión fiscal sobre las plataformas digitales.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro defendió la política impositiva provincial, argumentando que las fintech y las billeteras virtuales que prestan dinero deben tributar igual que los bancos. "No le cobramos de más a nadie. Lo que hacemos es aplicar una política pública que tiene una lógica muy clara: fortalecer al que produce, no al que especula", sostuvo Pullaro en conferencia de prensa.

Mercado Libre respondió con un comunicado en el que rechazó enfáticamente cualquier intento de vincular su plataforma con actividades delictivas y subrayó su colaboración activa con las autoridades para prevenir delitos y garantizar la trazabilidad de las operaciones digitales. La empresa explicó que la decisión de transparentar los cargos responde a la necesidad de mostrar el impacto real de los impuestos provinciales en los costos de los usuarios y comercios, y calificó de "impuesto distorsivo" a los Ingresos Brutos, por su efecto en la competitividad y la formalización del sector.

El conflicto pone de manifiesto la tensión entre la presión fiscal provincial y el desarrollo del comercio digital, en un contexto donde las diferencias impositivas entre jurisdicciones afectan directamente a emprendedores y consumidores. La controversia también refleja el debate más amplio sobre el rol de las fintech y la necesidad de políticas tributarias que equilibren la promoción de la producción y el control de la especulación financiera.