El presidente Javier Milei ha puesto en el centro de la agenda política la problemática de la justicia laboral, tras un año marcado por un récord de demandas en el Sistema de Riesgos del Trabajo. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron 126.700 juicios laborales, con una proyección de 130.000 nuevas demandas para el año en curso. Este fenómeno representa un costo anual superior a los $2 billones, equivalentes a casi siete millones de salarios mínimos, y afecta principalmente a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.

El gobierno interpreta la sucesión de fallos judiciales adversos a decretos presidenciales —como el DNU 70, que incluía reformas laborales, el DNU 340 sobre el derecho de huelga y el DNU 430 que eliminó el Día del Trabajador del Estado— como una muestra de la supuesta parcialidad de la justicia laboral en favor de los sindicatos. "Los jueces laborales son impunes en la Argentina. Atrasan 100 años", afirmó una fuente oficial, anticipando la intención de abrir procesos de jury en el Consejo de la Magistratura y designar nuevos magistrados.

El Ejecutivo también evalúa modificar el procedimiento de la justicia laboral para agilizar su funcionamiento y apuesta a visibilizar el patrimonio de los jueces. Además, busca avanzar en el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, en línea con la reforma constitucional de 1994, aunque reconoce que sin ese traspaso no hay margen normativo para limitar la actuación de los jueces.

Desde el sector empresarial y las aseguradoras, la UART advierte que la litigiosidad está "desconectada" de las variables del sistema, como la siniestralidad o el empleo, y la atribuye a incentivos económicos para peritos y abogados. El 88% de los juicios, según la UART, corresponde a casos sin incapacidad, y el 60% se inicia fuera del plazo legal. La entidad reclama la implementación plena de la ley 27.348, que prevé la creación de cuerpos médicos forenses para objetivar las pericias, y destaca que la litigiosidad argentina es muy superior a la de otros países de la región.

Por su parte, sindicatos y jueces nacionales rechazan la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño y defienden la autonomía del fuero laboral. El debate promete profundizarse en el Congreso y en la opinión pública, mientras el gobierno busca respaldo para avanzar con sus reformas y reducir lo que considera un "costo argentino" que afecta la competitividad y el empleo.