El reciente Decreto 467/2026, firmado por el presidente Javier Milei, eliminó la instancia de participación ciudadana en la selección de jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos. Esta reforma, que modifica los mecanismos vigentes desde 2003, generó un fuerte rechazo de organizaciones de la sociedad civil, especialistas y legisladores, quienes advierten sobre un retroceso en materia de transparencia, igualdad de género y control democrático.

Según el nuevo decreto, ya no será obligatorio abrir un período para que ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones presenten observaciones o impugnaciones sobre los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo antes de que sus pliegos sean enviados al Senado. El Gobierno justificó la medida argumentando la necesidad de agilizar los procedimientos de designación y evitar demoras, sosteniendo que el control ciudadano permanece garantizado en la etapa de tratamiento de los pliegos en la Cámara Alta.

Sin embargo, más de 20 organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Poder Ciudadano, emitieron un documento conjunto en el que sostienen que la reforma implica un retroceso institucional. "La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad al sistema de justicia", señalaron. Además, advirtieron que la eliminación de criterios de paridad de género y diversidad en la selección de candidatos dificulta la construcción de un tribunal más representativo y desconoce compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

La legisladora Lorena Matzen (UCR) presentó un proyecto de declaración en la Legislatura de Río Negro para expresar su rechazo al decreto y solicitó al Senado que preserve los mecanismos de transparencia y participación. "La confianza en la Justicia se construye con más transparencia y más participación, no con menos", afirmó.

El debate sobre la integración de la Corte Suprema y la cobertura de vacantes judiciales ha sido recurrente en los últimos años, con episodios de rechazo de candidaturas en el Senado y cuestionamientos por la falta de paridad de género. Para las organizaciones firmantes, la respuesta institucional frente a estos desafíos no debería ser la reducción de los espacios de participación, sino el fortalecimiento de los controles públicos.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria para agilizar los procesos y que la participación ciudadana en el Senado es suficiente. El tema sigue generando debate en el ámbito político y social, mientras crecen las voces que reclaman mayor transparencia y control democrático en la designación de autoridades judiciales.