El Congreso argentino se encuentra en el centro de un intenso debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La propuesta, impulsada por el gobierno de Javier Milei, busca reformar el Régimen Penal Juvenil para abordar la problemática de la delincuencia juvenil. Sin embargo, enfrenta una fuerte oposición de sectores políticos, sociales y religiosos.

El proyecto, que será discutido en un plenario de comisiones, incluye medidas complementarias como penas alternativas y programas de reintegración social para menores en conflicto con la ley. Según los legisladores que apoyan la iniciativa, la reforma busca alinear la legislación argentina con estándares internacionales y ofrecer herramientas más efectivas para tratar casos de adolescentes involucrados en delitos graves.

No obstante, la propuesta ha sido duramente criticada por la Iglesia Católica, organismos de derechos humanos y algunos sectores de la oposición. Monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, expresó que "poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz" y abogó por un abordaje multisectorial que ataque las causas estructurales de la delincuencia juvenil, como la pobreza y el narcotráfico.

El debate se intensificó tras casos recientes de delitos graves cometidos por menores, como el asesinato de una niña de 7 años durante un robo. Este tipo de incidentes ha generado una creciente demanda social por medidas más estrictas, aunque también ha evidenciado las deficiencias del sistema actual. La Ley 22.278, vigente desde 1980, es considerada obsoleta y no cumple con los estándares internacionales en derechos de la infancia.

A pesar del apoyo de sectores del oficialismo y algunos bloques aliados, el proyecto enfrenta resistencia en el Congreso. El kirchnerismo y otros partidos opositores han manifestado su rechazo, argumentando que la medida podría incrementar la criminalización de los jóvenes sin resolver las causas subyacentes de la delincuencia.

Además, se ha señalado la falta de infraestructura adecuada para implementar el nuevo régimen. Ninguno de los proyectos en discusión contempla partidas presupuestarias específicas para construir centros de detención especializados para menores, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de la reforma.

El debate promete ser extenso y polarizado, con implicaciones significativas para el sistema penal juvenil y la sociedad argentina. Mientras tanto, la Iglesia y otros sectores sociales continúan pidiendo un enfoque más amplio y participativo para abordar esta problemática compleja.