Un escándalo sacude a la provincia de Córdoba tras la detención de Maximiliano Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, acusado de liderar una asociación ilícita junto a otros altos mandos de la fuerza, un suboficial, un civil y su propio hermano, abogado. La investigación, encabezada por el fiscal Guillermo González, reveló que la organización utilizaba información confidencial policial para cometer delitos como coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento.

El operativo, que incluyó 11 allanamientos en Córdoba capital y localidades como Unquillo, La Calera, Cosquín, Santa María de Punilla, Huerta Grande, La Falda y Salsipuedes, permitió el secuestro de computadoras, teléfonos, armas, dinero y documentación relevante para la causa. Según la fiscalía, la red ofrecía "soluciones" a conflictos judiciales y usurpaciones, cobrando porcentajes de los bienes involucrados y valiéndose de su posición de poder para acceder a datos reservados y realizar maniobras económicas irregulares.

El caso salió a la luz tras una denuncia en Cosquín y se expandió al detectarse conexiones con una investigación previa sobre estafas inmobiliarias y usurpaciones. El civil detenido, conocido como "el Panadero", era el nexo entre personas con problemas legales y los miembros de la organización.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, aseguró que no hay encubrimiento y que se procederá a depurar la fuerza. "No se encubre a ningún policía. Al contrario, se remueve inmediatamente a quienes cometen delitos. Este es un mensaje claro: no hay lugar para la corrupción en las fuerzas de seguridad", afirmó.

El escándalo generó fuertes repercusiones políticas. El diputado nacional Rodrigo De Loredo criticó la gestión provincial y exigió responsabilidades, mientras que desde el oficialismo se defendió la transparencia del proceso. No se descartan nuevas detenciones ni ampliaciones de la causa, ya que la Justicia detectó gran cantidad de pruebas durante los allanamientos y sugiere que la organización habría estado en actividad desde hace tiempo.

El caso se suma a otros episodios recientes de corrupción en la policía cordobesa, en un contexto de creciente demanda social por mayor transparencia y control en las fuerzas de seguridad. La investigación continúa y se esperan nuevas definiciones en los próximos días.