José Luis Espert será declarado persona no grata en Pilar por su insulto a la hija de Cristina
• El Concejo Deliberante de Pilar declarará persona no grata a José Luis Espert tras insultar a Florencia Kirchner en la UCA. • El oficialismo asegura la aprobación del repudio y exige disculpas públicas al diputado libertario.
El Concejo Deliberante de Pilar se dispone a declarar persona no grata al diputado nacional José Luis Espert, tras el exabrupto que protagonizó en la Universidad Católica Argentina (UCA) al insultar a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El incidente ocurrió el pasado 11 de junio durante el XVII Congreso Internacional de Comunicación Política, donde Espert, en medio de su exposición, lanzó un agravio que generó el inmediato repudio del auditorio y lo obligó a retirarse escoltado.
La iniciativa de repudio será presentada por el bloque de Unión por la Patria y, dada la mayoría oficialista en el recinto, se da por descontada su aprobación en la próxima sesión ordinaria. El proyecto sostiene que expresiones como las de Espert "ponen en peligro la convivencia democrática" y advierte sobre el riesgo de normalizar discursos de odio en la vida política argentina. Además, se exige al diputado que se retracte y ofrezca disculpas públicas, instándolo a ejercer su cargo con dignidad.
El documento presentado por los ediles recuerda que no es la primera vez que Espert recurre a este tipo de declaraciones y vincula sus dichos con una tendencia creciente de hostigamiento hacia opositores y sectores vulnerables. "No podemos seguir permitiendo las expresiones de odio ni las descalificaciones. Alguien que piensa distinto no es un enemigo", señala el texto, que también menciona el intento de asesinato contra Cristina Kirchner como ejemplo de las consecuencias de estos discursos.
El episodio ha generado un amplio rechazo en distintos sectores sociales y políticos, quienes advierten sobre la necesidad de poner límites a la violencia verbal y defender la convivencia democrática. El caso de Espert reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el uso de la palabra.
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