La investigación judicial sobre el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, ha escalado en las últimas horas tras la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de solicitar cooperación internacional a Estados Unidos. El objetivo es determinar si Vázquez es el beneficiario real de tres propiedades en el estado de Florida, valuadas en más de dos millones de dólares, que no habrían sido declaradas en sus presentaciones patrimoniales.

La causa, impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), analiza posibles delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, evasión y omisión maliciosa en declaraciones juradas. Según la reconstrucción judicial, los inmuebles habrían sido adquiridos entre 2013 y 2015 a través de sociedades panameñas y estructuras offshore en las Islas Vírgenes Británicas, donde la documentación ubica a Vázquez como beneficiario final. Además, familiares del funcionario, incluyendo sus hijas, estarían vinculados a la ocupación y administración de los bienes.

Entre los elementos bajo análisis, se destaca el pago de impuestos municipales de los inmuebles con fondos atribuidos a Vázquez y su exesposa, así como registros administrativos y financieros que conectan al entorno familiar con las propiedades. El expediente también señala una aparente desproporción entre el patrimonio declarado por el funcionario y el volumen de las inversiones inmobiliarias realizadas en el exterior.

Para avanzar en la investigación, el juez libró exhortos a bancos estadounidenses y organismos regulatorios, además de solicitar información migratoria y patrimonial tanto en Estados Unidos como en Argentina. La respuesta de las autoridades estadounidenses será clave para determinar el rumbo de la causa, aunque fuentes judiciales advierten que el proceso podría extenderse durante meses o incluso años.

El caso adquiere especial relevancia política e institucional, ya que Vázquez ocupa un cargo central en el control fiscal y aduanero del país. En un contexto de reciente crisis política y con el Gobierno de Javier Milei buscando recuperar estabilidad, la investigación representa un desafío para la narrativa oficial de transparencia y combate a la corrupción. Hasta el momento, Vázquez niega ser el propietario real de los bienes, pero la falta de información concluyente mantiene abierta la investigación y la expectativa sobre sus posibles derivaciones judiciales y políticas.