El caso de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, ha generado una profunda conmoción en la sociedad argentina y ha puesto en tela de juicio la actuación de los organismos judiciales encargados de la protección de menores. Ángel murió el 5 de abril tras ingresar al hospital con un paro cardiorrespiratorio y más de veinte lesiones compatibles con una golpiza, según confirmó la autopsia.

Por el hecho, la madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González, permanecen detenidos e imputados por homicidio agravado y simple, respectivamente. El fiscal Cristian Olazábal, a cargo de la investigación, señaló que no descarta la hipótesis de que la madre haya sido la autora directa de los golpes y que la acusación inicial podría modificarse a partir del análisis de nuevas pruebas digitales y testimonios. “Construimos este caso en base a indicios porque no tenemos prueba directa. Es todo inferencias que hacemos a partir de datos comprobados”, explicó el fiscal.

El caso ha tenido repercusión nacional, con movilizaciones en el Obelisco encabezadas por el padre de Ángel, Luis López, quien exige justicia y sanciones para los funcionarios judiciales y administrativos que posibilitaron la custodia de la madre pese a antecedentes de violencia. “Hoy venimos a pedir justicia y que paguen lo que nos hicieron. No me escucharon a mí y no escucharon a mi hijo”, declaró López, visiblemente afectado.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut intervino el equipo técnico interdisciplinario que otorgó la tenencia a la madre y dispuso una auditoría de 60 días para revisar posibles irregularidades. El juez Alejandro Soñis, por su parte, justificó la prisión preventiva de los imputados por peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, y descartó que las lesiones pudieran haber sido accidentales: “Podemos afirmar, a priori, que estos golpes no fueron producto de una situación accidental, sino más bien por una golpiza”.

El caso reaviva el debate sobre la eficacia del sistema de protección de menores y la necesidad de revisar los procedimientos judiciales para evitar tragedias similares en el futuro. Organizaciones sociales y figuras públicas, como la monja Martha Pelloni, se sumaron al reclamo de justicia, mientras la investigación continúa en una etapa clave centrada en el análisis de evidencia digital y testimonios.