La investigación judicial sobre presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó nuevos capítulos en los últimos días, con allanamientos, detenciones y un creciente debate sobre la competencia judicial. El caso involucra al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, así como a una red de presuntos testaferros y empresas vinculadas al fútbol.

El epicentro de la causa es una megaestancia en Pilar, donde la justicia secuestró 54 vehículos de alta gama y detectó propiedades y movimientos financieros difíciles de justificar por parte de los titulares formales. Entre los investigados figuran Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y Luciano Pantano, vinculado a Real Central SRL, empresas que habrían canalizado fondos de origen dudoso. Las cuentas bancarias y bienes de varios implicados fueron congelados, y la tesorera de Sur Finanzas fue detenida por ocultar documentación relevante.

La causa, inicialmente a cargo del juez federal Daniel Rafecas, fue derivada al fuero penal económico, lo que generó una fuerte reacción de la Coalición Cívica y legisladores como Facundo del Gaiso, quienes consideran que el delito de lavado de activos tiene naturaleza federal y han presentado recursos para que Rafecas retome la investigación. "El trabajo del magistrado está encaminado a la comprobación de los delitos", afirmó la abogada María Silvia Pace, representante de los denunciantes.

En paralelo, la Inspección General de Justicia observó partidas por más de US$460 millones en los balances de la AFA y la Superliga, señalando la falta de respuestas claras sobre el origen y destino de esos fondos. El Inspector General, Daniel Vítolo, remarcó que "es una respuesta que no lleva más de 20 minutos" y cuestionó la opacidad de la entidad.

El escándalo se inscribe en un contexto de reiteradas denuncias de corrupción en el fútbol argentino, con conexiones entre dirigentes, empresas y actores políticos. La investigación podría tener consecuencias legales y deportivas, mientras crece la preocupación por la transparencia y la gobernanza en la AFA. El desenlace dependerá de la resolución judicial sobre la competencia y del avance de las pesquisas sobre los fondos y propiedades bajo sospecha.