El sector marítimo y de transporte argentino inició este miércoles un paro nacional de 48 horas en todos los puertos del país, acompañado por una huelga de 24 horas en el subte, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La medida, liderada por el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) y la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), coincide con el tratamiento legislativo de la reforma en la Cámara de Diputados y busca frenar cambios que, según los gremios, excluyen al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo y los colocan bajo el Código de Comercio.

El paro afecta a remolcadores, buques pesqueros, areneros, portacontenedores, servicios offshore y, por primera vez, a cruceros, que no podrán entrar ni salir de puertos clave como Buenos Aires, Ushuaia y Puerto Madryn. Además, los trabajadores del subte y premetro se suman con una paralización total de actividades durante el jueves 19 de febrero. Las organizaciones sindicales garantizan guardias mínimas y rondas de seguridad para proteger a las tripulaciones, embarcaciones y el medio ambiente.

Mariano Vilar, secretario general de SICONARA, expresó: “Pretenden excluirnos incluso del alcance de la justicia laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores”. El dirigente advirtió que la reforma representa un ajuste laboral que debilita derechos básicos y podría derivar en medidas de fuerza por tiempo indeterminado si no hay respuestas favorables en el Congreso.

La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) y otros gremios portuarios también adhirieron al paro, denunciando que la reforma pone en riesgo convenios colectivos, condiciones laborales y la estabilidad del sector. Por su parte, la Prefectura Naval Argentina emitió advertencias a los patrones navales sobre las consecuencias de adherir a la medida de fuerza.

El paro introduce un factor de reprogramación logística en un sistema clave para el comercio exterior argentino, especialmente en terminales de hidrocarburos, graneles y contenedores. El personal embarcado históricamente se rige por un régimen especial, pero con protección de la Ley de Contrato de Trabajo, vínculo que los sindicatos consideran esencial para mantener garantías frente a abusos y fraudes laborales.

La protesta se inscribe en un contexto de creciente tensión social y sindical ante las reformas laborales y ajustes impulsados por el gobierno. El desenlace del debate legislativo en Diputados será clave para definir la continuidad o profundización de las medidas de fuerza en el sector.