El Gobierno nacional formalizó este jueves la reducción permanente de las retenciones a las exportaciones de granos y carnes, una medida anunciada por el presidente Javier Milei durante la inauguración de la Exposición Rural de Palermo. El Decreto 526/2025, firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece una baja en las alícuotas de derechos de exportación para productos clave como soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y carnes vacuna y aviar.

Según el texto oficial, la reducción de retenciones busca fortalecer la competitividad del sector agroindustrial, considerado uno de los motores de la economía argentina. El Gobierno argumenta que la medida es posible gracias al superávit fiscal y al crecimiento de las exportaciones, que en 2024 aumentaron un 56% en volumen y un 26% en valor. Proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que la producción agrícola podría crecer un 8% hacia 2035, generando una inyección adicional de USD 28.800 millones en la próxima década.

La Federación Agraria Argentina celebró la decisión, señalando que traerá mayor rentabilidad e inversión al sector, aunque insistió en la necesidad de avanzar hacia la eliminación total de las retenciones en los próximos años. Sin embargo, la medida generó críticas desde sectores provinciales y de pequeños productores, quienes advierten que el beneficio se concentrará en los grandes terratenientes y arrendadores, mientras que quienes alquilan tierras podrían ver absorbido el beneficio por el aumento de los arriendos.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, alertó sobre la salida de miles de productores del sistema productivo y la falta de políticas de asistencia técnica, agravada por el cierre de programas como Cambio Rural y el vaciamiento del INTA. Además, señaló que la caída del consumo interno y la inflación afectan la rentabilidad de los productores más pequeños.

Analistas económicos destacan que, si bien la medida puede estimular la liquidación de divisas y la inversión en el sector, también implica riesgos fiscales y podría profundizar las desigualdades dentro del agro. El Gobierno, por su parte, sostiene que la reducción de impuestos distorsivos es clave para el desarrollo productivo y la estabilidad macroeconómica, aunque condiciona la eliminación total de las retenciones a la continuidad del superávit fiscal.