A un año del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, la causa judicial que investiga su colapso y la presunta estafa a miles de inversores sigue sin avances procesales significativos. El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta en la red social X para promocionar el token, lo que generó una ola de compras impulsada por la percepción de un aval institucional. En cuestión de horas, el valor de $LIBRA se disparó y luego se desplomó más de un 85%, dejando a 44.000 personas afectadas a nivel global, de las cuales al menos 1.329 residen en Argentina.

La investigación, a cargo del Juzgado Federal N°8 y la fiscalía de Eduardo Taiano, involucra a Milei, su hermana Karina Milei, y empresarios como Hayden Davis y Mauricio Novelli. Se los investiga por presunta estafa, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, tras un año, no se han dictado procesamientos ni se ha citado a declarar a los imputados, lo que ha generado fuertes reclamos de la querella y de sectores opositores.

La querella, encabezada por el damnificado Martín Romeo, asegura haber reconstruido la ruta del dinero, identificando transferencias entre los principales involucrados y señalando la existencia de pruebas suficientes para avanzar en la causa. La Cámara Federal porteña exhortó al juez y al fiscal a acelerar la instrucción, pero la causa permanece estancada. Solo se han dictado embargos sobre los bienes de los principales acusados y se discute la incorporación de nuevos querellantes, incluidos inversores extranjeros.

El Congreso creó una comisión investigadora que concluyó que la intervención de Milei fue "imprescindible" para la difusión masiva del token. En paralelo, se tramita una causa en Estados Unidos, donde también se investiga la responsabilidad de los promotores y del presidente argentino.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que Milei solo difundió un emprendimiento privado y niega cualquier vínculo directo con la operatoria. La fiscalía argumenta que aún no existen elementos suficientes para avanzar con las indagatorias, mientras los damnificados insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El caso $LIBRA se ha convertido en uno de los mayores escándalos judiciales de la gestión libertaria, con impacto político y social que trasciende las fronteras argentinas.