El Gobierno nacional oficializó este lunes la modificación de las leyes que regulan el régimen de inversiones mineras y la administración del Banco Nacional de Información Geológica, con el objetivo de simplificar trámites y reducir la burocracia estatal. El Decreto 449/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, introduce cambios sustanciales en las Leyes 24.196 y 24.466, que impactan directamente en la actividad minera y la gestión de información geológica en Argentina.

Entre las principales modificaciones, se destaca la reasignación de la administración del Banco Nacional de Información Geológica al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), un organismo descentralizado con mayor capacidad técnica para gestionar datos geológicos. Esta medida busca evitar la superposición de tareas entre la Secretaría de Minería y el SEGEMAR, optimizando la gestión pública y facilitando el acceso a información relevante para el sector.

Asimismo, el decreto simplifica el proceso para la obtención del certificado de estabilidad fiscal, eliminando la obligación de detallar tributos y tasas vigentes en cada jurisdicción. A partir de ahora, las empresas mineras solo deberán consignar la fecha de presentación del estudio de factibilidad, lo que agiliza los trámites y reduce los tiempos de espera, que anteriormente podían extenderse por un año.

Otra de las novedades es la exigencia de que las empresas presenten anualmente un informe técnico elaborado por un profesional independiente, junto con su declaración jurada de inversiones. Este cambio reemplaza inspecciones más complejas por un control documental sistematizado, fortaleciendo la calidad de la información aportada y facilitando la verificación de los compromisos asumidos por las empresas.

El Gobierno argumenta que estas reformas responden a la necesidad de reducir la intervención estatal, maximizar la eficiencia y atraer inversiones privadas, especialmente en sectores estratégicos como la minería de cobre, oro y litio. Sin embargo, algunos sectores advierten que la desregulación podría beneficiar principalmente a grandes empresas y disminuir los controles estatales sobre la actividad minera.

La medida entra en vigencia de inmediato y también alcanza a los trámites en curso. El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, en cumplimiento de la normativa vigente. El debate sobre el equilibrio entre la promoción de inversiones y el control estatal en la minería continúa abierto, en un contexto de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.