La aparición de un cartel en el barrio El Marquesado, en Mar del Plata, ha reavivado una controversia que se originó en 2023 sobre el uso de 140 hectáreas de terreno cedidas por el Estado nacional a la Provincia de Buenos Aires. El cartel, que indica que las tierras son un inmueble del Estado nacional cedido al Ministerio de Producción bonaerense para un proyecto agroecológico, ha generado tensiones entre vecinos, autoridades locales y provinciales, y actores políticos.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, denunció públicamente que el cartel es "trucho" y que las firmas que lo acompañan son falsas. "Es un año electoral. Quieren confundir. Quieren traerlos acá. Esta ocupación está denunciada y frenada. No pasarán", expresó Montenegro en sus redes sociales. Por su parte, el Ministerio de Producción bonaerense aseguró que el cartel es legítimo y que el proyecto sigue en pie, desmintiendo las acusaciones del intendente.

La polémica tiene sus raíces en 2023, cuando la cesión de las tierras fue realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al Ministerio de Producción bonaerense. El objetivo declarado era desarrollar un proyecto agroecológico integral para potenciar los sectores productivos de la región con un enfoque social y ambientalmente sustentable. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por vecinos y autoridades locales, quienes temían que el proyecto derivara en un asentamiento.

Vecinos de la zona sur de Mar del Plata han expresado su preocupación por la seguridad y el impacto del proyecto en la comunidad. "No queremos una villa, tenemos mucha inseguridad por acá y sabemos que los robos llegan cuando viene gente que no es del barrio", comentó una vecina. El presidente de la Sociedad de Fomento del Marquesado, Marcelo Bolonio, también manifestó su rechazo, señalando que el proyecto no es viable y que genera desconfianza entre los residentes.

La diputada nacional Juliana Santillán recordó que la cesión de las tierras fue realizada por el gobierno anterior y ha iniciado gestiones para revertirla. Según Santillán, el proyecto agroecológico no podría concretarse si se revierte la transferencia de las tierras.

El conflicto se desarrolla en un contexto electoral, lo que añade un componente político a la controversia. Mientras tanto, las posturas enfrentadas entre los distintos actores involucrados complican la resolución del problema, dejando en suspenso el futuro de las 140 hectáreas de El Marquesado.