La Justicia federal investiga un presunto intento del empresario Lázaro Báez de transferir parte de su patrimonio a su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, con el objetivo de evadir el decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad. El episodio fue descubierto durante una reciente visita de Insaurralde al penal de Río Gallegos, donde Báez cumple una condena unificada de 15 años por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.

Según fuentes judiciales, personal penitenciario detectó que Insaurralde portaba documentación destinada a otorgarle un poder sobre algunos bienes de Báez, todos ellos embargados por orden judicial. Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes impulsan la ejecución del decomiso por más de $684.990 millones, advirtieron que este hecho refuerza sus sospechas sobre posibles maniobras para eludir la restitución de fondos al Estado.

En respuesta, los fiscales solicitaron al Tribunal Oral Federal N° 2 una serie de medidas preventivas, entre ellas la investigación de los bienes registrados a nombre de Insaurralde desde 2016 y la extensión de las restricciones patrimoniales a todos los condenados en la causa, incluyendo a Cristina Kirchner y Nelson Periotti. "Las medidas de restricción impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio deben hacerse extensivas a todas las personas condenadas en esta causa", señalaron en un escrito presentado al tribunal.

La defensa de Báez, encabezada por el abogado Juan Villanueva, negó que existiera intención de evadir el decomiso y sostuvo que la documentación en cuestión correspondía a escritos de designación de abogados. Sin embargo, los fiscales consideraron insuficientes estas explicaciones y reclamaron que Insaurralde entregue cualquier poder y documentos relacionados con los bienes de Báez.

El caso reaviva el debate sobre la efectividad de la Justicia en la recuperación de activos provenientes de la corrupción y la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar maniobras que comprometan el cumplimiento de las sentencias. El proceso judicial continúa, mientras se espera la decisión del tribunal sobre las nuevas medidas solicitadas.