El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, confirmó que vetará las leyes recientemente aprobadas por el Senado que contemplan aumentos en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó la decisión al señalar que estas iniciativas representan un incremento del gasto público que pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado por la actual administración.

En declaraciones radiales, Francos afirmó: “El equilibrio fiscal es la base del orden económico. No vamos a permitir que lo rompan con leyes irresponsables”. Según el funcionario, el impacto fiscal de las medidas aprobadas podría oscilar entre 1,4 y 3,2 puntos del PBI, lo que equivaldría a más de 10.000 millones de dólares en gastos adicionales. Francos también criticó a los legisladores y gobernadores que apoyaron los proyectos, atribuyendo sus decisiones al contexto electoral y a la búsqueda de mayores recursos para las provincias.

El Gobierno, que ya había vetado iniciativas similares en 2024, busca ahora blindar los vetos mediante negociaciones en la Cámara de Diputados, donde espera contar con el apoyo de gobernadores dialoguistas. Sin embargo, la oposición y algunos mandatarios provinciales han manifestado su rechazo, argumentando que las provincias están siendo perjudicadas y reclamando una distribución más equitativa de los fondos nacionales.

Constitucionalistas consultados por medios nacionales advirtieron que judicializar los vetos carece de fundamento legal, ya que el Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional de vetar leyes, pero no de impugnar el proceso legislativo en la Justicia.

Francos defendió los logros económicos del Gobierno, destacando la reducción de la inflación, el ajuste fiscal sin emisión monetaria y la baja de la pobreza del 53% al 30% en siete meses. Además, subrayó que la administración nacional no ha afectado la coparticipación de las provincias y que las reformas tributarias solo impactan en la recaudación nacional.

El debate sobre el equilibrio fiscal y la sostenibilidad del sistema previsional continúa generando tensiones entre el Gobierno, los gobernadores y la oposición, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones nacionales y la necesidad de consensos políticos para avanzar en reformas estructurales.