Juan Pedro Martínez Piedrahita, ciudadano uruguayo afrodescendiente, fue deportado de Argentina el 16 de julio tras residir en el país durante casi dos décadas. La medida, ejecutada por la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina, se fundamentó en una condena penal de 2021 por violación de domicilio, amenazas y desobediencia, delitos por los que había recibido una pena en suspenso de un año y seis meses, ya cumplida según su entorno.

La detención de Martínez Piedrahita ocurrió el viernes anterior a la deportación, cuando acudió a renovar su documentación migratoria. Según relataron su esposa, Paola Arismendi, y su abogada, Zulema Montero, el procedimiento se realizó sin notificación previa eficiente, sin acceso pleno a defensa legal ni a medicación, y sin considerar los lazos familiares acreditados: el hombre tenía tres hijos argentinos y una pareja establecida en Merlo, Buenos Aires. “Rompieron una familia. No creo que el Presidente pueda entender algo de amor. Mis hijos lloran”, expresó Arismendi en declaraciones a medios locales.

El gobierno nacional justificó la expulsión en el marco del Decreto 366/2025, que endurece la Ley de Migraciones y amplía las causales de expulsión de extranjeros, permitiendo la deportación por condenas menores a tres años. Desde el Ministerio de Seguridad se informó que la medida fue ejecutada en cumplimiento de una orden judicial y que el detenido fue entregado a las autoridades uruguayas en Montevideo.

La abogada Montero y organizaciones de derechos humanos, como el CELS, denunciaron que la expulsión fue ilegal y que no se respetaron los procedimientos previstos en la normativa, que contemplan excepciones para migrantes con vínculos familiares en el país. “La expulsión no corresponde porque se han violado normas”, sostuvo Montero, quien también advirtió sobre la existencia de otros casos similares no difundidos.

El caso ha generado un intenso debate sobre la aplicación de la nueva política migratoria en Argentina y sus consecuencias sobre familias binacionales. Autoridades consulares uruguayas y organizaciones sociales monitorean la situación, mientras la familia de Martínez Piedrahita denuncia desamparo y ruptura familiar. El episodio reaviva la discusión sobre los derechos de los migrantes y la necesidad de revisar la legislación vigente.