El Gobierno nacional oficializó este miércoles la convocatoria a una audiencia pública para debatir la designación del fiscal federal Matías Gabriel Álvarez como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Argentina. La medida, formalizada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a través de la Resolución 129/2026 publicada en el Boletín Oficial, responde a la vacante generada tras la renuncia de Paulo Starc en enero de este año.

La audiencia pública se realizará el próximo 22 de abril a las 10:00 horas en la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en la calle Sarmiento 329 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proceso, que será presidido por el propio ministro Mahiques y organizado por la Unidad Gabinete de Asesores, permitirá la participación ciudadana mediante la presentación de impugnaciones o adhesiones a la candidatura de Álvarez. Los interesados podrán inscribirse desde el 1° hasta el 20 de abril, debiendo presentar la documentación requerida en la sede ministerial durante los días hábiles.

Matías Gabriel Álvarez, propuesto para encabezar la UIF, es fiscal federal con una destacada trayectoria en la investigación de delitos complejos y crimen organizado, especialmente en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Su designación implicaría un cambio de enfoque en la gestión del organismo, priorizando el análisis de los flujos económicos vinculados al delito y reforzando la prevención y detección de operaciones ilícitas que afectan al sistema financiero.

Tras la audiencia, las autoridades tendrán hasta siete días para elaborar y publicar el informe final, que será difundido en el Boletín Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y en la página web del Ministerio de Justicia. El Gobierno subraya que este procedimiento busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la designación de un cargo estratégico para el sistema antilavado argentino. La comunidad jurídica y los sectores vinculados a la prevención del lavado de dinero observan con atención el proceso, que podría marcar una nueva etapa en la orientación y funcionamiento de la UIF.